por Ariel Pascielli
El Gobierno está haciendo circular, para su discusión, un proyecto de ley sobre medios de comunicación para terminar con la vergüenza e ignominia del encuadramiento legal de ésta actividad –más conocida como Ley de Radiodifusión- en normas establecidas por la dictadura militar, con parches, remiendos, adaptaciones y modificaciones parciales legales y administrativas tomadas durante las sucesivas administraciones.
La Ley y sus modificaciones sólo permitieron la concentración de medios a favor de los factores concentrados del poder económico para encorsetar a la democracia y a la expresión popular, impidiendo la pluralidad de opiniones y la posibilidad de expresión para el campo popular.
Más allá de la adecuación legal a las nuevas tecnologías, la discusión hay que plantearla firmemente en la defensa de la libertad de expresión, del acceso a los medios de comunicación, del respeto intelectual por el pueblo, de la erradicación de pautas culturales que se amparan en ella para penetrar la idiosincrasia, la vida, las costumbres del pueblo, tratando de insuflarle, en un proceso de aculturación, sistemas de vida ajenos a nuestro sentir argentino.
Todo este proceso comunicacional es el coadyuvante para el sojuzgamiento y control de los intereses del pueblo. La aculturación imperial que le dicen.
Allí juegan los valores culturales que se pretenden imponer, a través del oligopolio y la cartelización de las noticias, sin permitir accesos a las vías de comunicación de otras corrientes que no se encuadren en los moldes preestablecidos por el poder local e internacional.
Ello responde a una estrategia de poder mundial que desde siempre ha estado presente pero que recrudeció a partir del Consenso de Washington.
Pero más allá de las editoriales y el manipuleo de la información, recrudeció la comunicación publicitaria siguiendo esas directivas de penetración, para promover el consumismo como deformación al buen consumo, llegando a caer sin ningún límite, en la mentira, en el falseamiento, en la falta de rigor científico para posicionar un producto, segmentarlo y dirigirlo al blanco específico de consumo y aún más, por repetición y “descreme”, abusando de las necesidades reales o provocadas, para ampliar las bases de la pirámide de uso.
Se ha abusado, y se abusa, del pueblo receptor de la comunicación y se lo incita a comprar productos más allá de sus necesidades reales y de su posibilidad de acceder al precio que tienen o del beneficio que le puede reportar.
La gran mayoría de los productos que se ofrecen, contienen un altísimo porcentaje de lo que se denomina “publicidad engañosa”, que no es otra cosa que abusar del desconocimiento del público, de su buena fe, de su posibilidad de comprender el todo del mensaje, en fin, de estafarlo intelectualmente para sumarlo al “target” de compradores.
Donde se observa con más frecuencia este tipo de metodología, es en la comunicación publicitaria de alimentos, suplementos alimentarios, medicamentos, dermatocosmética o instrumental o métodos que prometen menor peso, mejor masa muscular, mejor confort o calidad de vida, casi por milagro y en tiempo récord.
Existen en Argentina normas, disposiciones, resoluciones, decretos que tratan el tema con muy buen criterio en general, pero no existen leyes que obliguen a seguir pautas claras y precisas para terminar con el engaño, ni voluntad política ni sistema institucionalizado que adecue este tipo de temas para no seguir causando daño intelectual, físico o psíquico al pueblo argentino.
Esto viene de larga data y está enmarcado en el concepto “neoliberal” para su tratamiento denominado pomposamente “autorregulación publicitaria”, que coadyuva a consolidar el sistema de expoliación y dominio.
La “autorregulación” es un eufemismo que no tiene limites sino aspiraciones de mayor venta, de mejor rentabilidad, a expensas de deformar mentes y conceptos y calidad de vida. En aras de la libertad comunicacional no hesitan en distorsionar la verdad u ocultarla para ofrecer “beneficios” que no son tales.
Para evitar el encuadre en normas que pongan coto a este tipo de abusos, se han desarrollado conceptos como el de la mencionada “autorregulación publicitaria”, provenientes del hemisferio norte y que han permitido el libre albedrío y la proliferación del engaño al
pueblo argentino.
En nuestro país existen y están vigentes normas de muy buena factura que se pasan impunemente por alto, dado que el sector alimentario, medicamentos e instrumental para el confort y la buena salud, entre otros no las acatan.
No hay un sistema bien definido y estructurado para aplicar esas normas.
El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Subsecretaría de Regulación y Control y Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), debe proponer en la discusión de este proyecto de ley, que el Estado tome definitivamente esa función, la de control y rigor científico en la comunicación audiovisual de alimentos, medicamentos, suplementos dietarios y toda otra que se efectúe para promover o inducir al consumo de estos productos, para resguardar la salud de la población y erradicar la estafa y el engaño.
Tiene las normas vigentes para ello y puede hacerlo por si o con el apoyo invalorable que le pueda dar el COMFER.
Aprovechemos la oportunidad para lograr la ratificación por Ley de este problema que afecta al pueblo, de especial valía, tanto como lo son la pluralidad, la participación y la libertad de expresión y la lucha contra los monopolios comunicacionales.
Ariel Pascielli
Marzo 2009
La Ley y sus modificaciones sólo permitieron la concentración de medios a favor de los factores concentrados del poder económico para encorsetar a la democracia y a la expresión popular, impidiendo la pluralidad de opiniones y la posibilidad de expresión para el campo popular.
Más allá de la adecuación legal a las nuevas tecnologías, la discusión hay que plantearla firmemente en la defensa de la libertad de expresión, del acceso a los medios de comunicación, del respeto intelectual por el pueblo, de la erradicación de pautas culturales que se amparan en ella para penetrar la idiosincrasia, la vida, las costumbres del pueblo, tratando de insuflarle, en un proceso de aculturación, sistemas de vida ajenos a nuestro sentir argentino.
Todo este proceso comunicacional es el coadyuvante para el sojuzgamiento y control de los intereses del pueblo. La aculturación imperial que le dicen.
Allí juegan los valores culturales que se pretenden imponer, a través del oligopolio y la cartelización de las noticias, sin permitir accesos a las vías de comunicación de otras corrientes que no se encuadren en los moldes preestablecidos por el poder local e internacional.
Ello responde a una estrategia de poder mundial que desde siempre ha estado presente pero que recrudeció a partir del Consenso de Washington.
Pero más allá de las editoriales y el manipuleo de la información, recrudeció la comunicación publicitaria siguiendo esas directivas de penetración, para promover el consumismo como deformación al buen consumo, llegando a caer sin ningún límite, en la mentira, en el falseamiento, en la falta de rigor científico para posicionar un producto, segmentarlo y dirigirlo al blanco específico de consumo y aún más, por repetición y “descreme”, abusando de las necesidades reales o provocadas, para ampliar las bases de la pirámide de uso.
Se ha abusado, y se abusa, del pueblo receptor de la comunicación y se lo incita a comprar productos más allá de sus necesidades reales y de su posibilidad de acceder al precio que tienen o del beneficio que le puede reportar.
La gran mayoría de los productos que se ofrecen, contienen un altísimo porcentaje de lo que se denomina “publicidad engañosa”, que no es otra cosa que abusar del desconocimiento del público, de su buena fe, de su posibilidad de comprender el todo del mensaje, en fin, de estafarlo intelectualmente para sumarlo al “target” de compradores.
Donde se observa con más frecuencia este tipo de metodología, es en la comunicación publicitaria de alimentos, suplementos alimentarios, medicamentos, dermatocosmética o instrumental o métodos que prometen menor peso, mejor masa muscular, mejor confort o calidad de vida, casi por milagro y en tiempo récord.
Existen en Argentina normas, disposiciones, resoluciones, decretos que tratan el tema con muy buen criterio en general, pero no existen leyes que obliguen a seguir pautas claras y precisas para terminar con el engaño, ni voluntad política ni sistema institucionalizado que adecue este tipo de temas para no seguir causando daño intelectual, físico o psíquico al pueblo argentino.
Esto viene de larga data y está enmarcado en el concepto “neoliberal” para su tratamiento denominado pomposamente “autorregulación publicitaria”, que coadyuva a consolidar el sistema de expoliación y dominio.
La “autorregulación” es un eufemismo que no tiene limites sino aspiraciones de mayor venta, de mejor rentabilidad, a expensas de deformar mentes y conceptos y calidad de vida. En aras de la libertad comunicacional no hesitan en distorsionar la verdad u ocultarla para ofrecer “beneficios” que no son tales.
Para evitar el encuadre en normas que pongan coto a este tipo de abusos, se han desarrollado conceptos como el de la mencionada “autorregulación publicitaria”, provenientes del hemisferio norte y que han permitido el libre albedrío y la proliferación del engaño al
pueblo argentino.
En nuestro país existen y están vigentes normas de muy buena factura que se pasan impunemente por alto, dado que el sector alimentario, medicamentos e instrumental para el confort y la buena salud, entre otros no las acatan.
No hay un sistema bien definido y estructurado para aplicar esas normas.
El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Subsecretaría de Regulación y Control y Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), debe proponer en la discusión de este proyecto de ley, que el Estado tome definitivamente esa función, la de control y rigor científico en la comunicación audiovisual de alimentos, medicamentos, suplementos dietarios y toda otra que se efectúe para promover o inducir al consumo de estos productos, para resguardar la salud de la población y erradicar la estafa y el engaño.
Tiene las normas vigentes para ello y puede hacerlo por si o con el apoyo invalorable que le pueda dar el COMFER.
Aprovechemos la oportunidad para lograr la ratificación por Ley de este problema que afecta al pueblo, de especial valía, tanto como lo son la pluralidad, la participación y la libertad de expresión y la lucha contra los monopolios comunicacionales.
Ariel Pascielli
Marzo 2009
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